Existen expertos que investigan los más flagrantes delitos contra la humanidad, porque lo es el hecho de que este gobierno aliado con el fujimontesinismo pretenda dejar en la más absoluta impunidad los delitos cometidos por los corruptos y mafiosos de la autocracia.
Es interesante leer este informe de IDL sobre los entretelones de la gestación, desarrollo y emisión de la norma. Al Ministro de Justicia, Víctor García Toma, lo dejaron tirando cintura y la norma se convierte en inconstitucional precisamente porque él NO OPINÓ, el Congreso debería derogar la ley de marras. LEÁMOS...!
VIERNES, 10 SETIEMBRE DE 2010
Quiénes estuvieron detrás de las leyes de impunidad
El ministro Rafael Rey flanqueado por los abogados Sergio Tapia y César Nakasaki, quienes actuaron como asesores en la sombra durante la elaboración de los cuestionados decretos. (Fotos: cortesía La República)
Martes 24 de agosto. Piso 12 del ministerio de Defensa, en el Campo de Marte. Son las 4 de la tarde y hay una reunión en la oficina del ministro Rafael Rey.
Un visitante inesperado, que llegara desde el ascensor hubiera pasado por la puerta de vidrio de la sala principal de reuniones, luego por la de la oficina del secretario general, avanzaría dejando atrás la puerta del jefe del gabinete de asesores antes de llegar al despacho del ministro.
Si hubiera abierto la puerta sin tocar, hubiera sorprendido a un grupo especial sentado alrededor del escritorio del ministro. Estaba ahí el jefe del gabinete de asesores: Luis Cobeña. También un antiguo colaborador de Rey durante el fujimorato: César Delgado Guembes, un abogado que fue hasta hace poco importante funcionario del Congreso, antes de ser destacado a la asesoría de Rey. Está asimismo el encargado de comunicaciones y prensa del ministerio, el periodista Adán Ríos. Y junto con estos funcionarios, un abogado vinculado desde siempre con las causas más ultramontanas, especialmente con la defensa de los militares procesados por violaciones de derechos humanos: Sergio Tapia Tapia.
Sergio Tapia no es funcionario, pero actúa como si lo fuera. Su participación en esa reunión es para garantizar el éxito de por lo menos dos iniciativas: el decreto 1097, que abre la puerta a la prescripción y archivamiento de delitos de lesa humanidad en procesos contra militares y policías perpetrados antes de 2003; y otra propuesta sobre beneficios penitenciarios para acusados por graves delitos contra los derechos humanos.
Esa reunión, convocada por Rey, sucede en la víspera de un Consejo de Ministros donde se discutirá los proyectos de ley elaborados por Defensa sobre los procesos a militares y policías por delitos de derechos humanos. Entre ellos, tres son de especial importancia para ese grupo: el 1095 sobre el uso de la fuerza de personal militar en estado de emergencia y protesta social, el cuestionado 1097 y el de beneficios penitenciarios.
Otros dos proyectos, el del Código Penal Militar Policial y el que modifica la ley de Organización y Funciones del Proceso Militar Judicial no forman parte de la revisión. Estas últimas dos normas permanecieron en manos del presidente del Tribunal Supremo Militar Policial, Carlos Mesa Angosto, hasta pocas horas antes de ser sustentadas en el gabinete ministerial.
En la reunión, Rey interviene activamente y en un momento formula una interesante pregunta:
-¿Ya los ha visto Nakazaki? –inquiere a Cobeña.
-Sí, ya lo revisó ministro, –responde el asesor, quien detalla el intercambio de algunos correos con César Nakasaki, el abogado del sentenciado Alberto Fujimori, de gran número de miembros de la mafia montesinista y de los principales acusados por narcotráfico y lavado de activos. Socio, además del congresista fujimorista Rolando Sousa.
En todo el proceso de elaboración de los decretos, Nakasaki fue consultado por Rey a través de Cobeña, quien fungió de mensajero.
(Varios abogados del estudio de Nakasaki fueron nombrados a dedo por el ministro Rey desde principios de año supuestamente para defender a militares acusados por violaciones de derechos humanos. Pero, el contrato incluía la facultad de “elaboración de propuestas de medidas legislativas”. Uno de estos abogados, como descubrió Ideéle Radio, es Adolfo Johan Pinedo, a quien el Estado le iba a pagar 20 mil soles).
La reunión se prolongó hasta muy tarde, poco después que Tapia se retirara en la noche.
Es interesante leer este informe de IDL sobre los entretelones de la gestación, desarrollo y emisión de la norma. Al Ministro de Justicia, Víctor García Toma, lo dejaron tirando cintura y la norma se convierte en inconstitucional precisamente porque él NO OPINÓ, el Congreso debería derogar la ley de marras. LEÁMOS...!
VIERNES, 10 SETIEMBRE DE 2010
Quiénes estuvieron detrás de las leyes de impunidad
El ministro Rafael Rey flanqueado por los abogados Sergio Tapia y César Nakasaki, quienes actuaron como asesores en la sombra durante la elaboración de los cuestionados decretos. (Fotos: cortesía La República)Martes 24 de agosto. Piso 12 del ministerio de Defensa, en el Campo de Marte. Son las 4 de la tarde y hay una reunión en la oficina del ministro Rafael Rey.
Un visitante inesperado, que llegara desde el ascensor hubiera pasado por la puerta de vidrio de la sala principal de reuniones, luego por la de la oficina del secretario general, avanzaría dejando atrás la puerta del jefe del gabinete de asesores antes de llegar al despacho del ministro.
Si hubiera abierto la puerta sin tocar, hubiera sorprendido a un grupo especial sentado alrededor del escritorio del ministro. Estaba ahí el jefe del gabinete de asesores: Luis Cobeña. También un antiguo colaborador de Rey durante el fujimorato: César Delgado Guembes, un abogado que fue hasta hace poco importante funcionario del Congreso, antes de ser destacado a la asesoría de Rey. Está asimismo el encargado de comunicaciones y prensa del ministerio, el periodista Adán Ríos. Y junto con estos funcionarios, un abogado vinculado desde siempre con las causas más ultramontanas, especialmente con la defensa de los militares procesados por violaciones de derechos humanos: Sergio Tapia Tapia.
Sergio Tapia no es funcionario, pero actúa como si lo fuera. Su participación en esa reunión es para garantizar el éxito de por lo menos dos iniciativas: el decreto 1097, que abre la puerta a la prescripción y archivamiento de delitos de lesa humanidad en procesos contra militares y policías perpetrados antes de 2003; y otra propuesta sobre beneficios penitenciarios para acusados por graves delitos contra los derechos humanos.
Esa reunión, convocada por Rey, sucede en la víspera de un Consejo de Ministros donde se discutirá los proyectos de ley elaborados por Defensa sobre los procesos a militares y policías por delitos de derechos humanos. Entre ellos, tres son de especial importancia para ese grupo: el 1095 sobre el uso de la fuerza de personal militar en estado de emergencia y protesta social, el cuestionado 1097 y el de beneficios penitenciarios.
Otros dos proyectos, el del Código Penal Militar Policial y el que modifica la ley de Organización y Funciones del Proceso Militar Judicial no forman parte de la revisión. Estas últimas dos normas permanecieron en manos del presidente del Tribunal Supremo Militar Policial, Carlos Mesa Angosto, hasta pocas horas antes de ser sustentadas en el gabinete ministerial.
En la reunión, Rey interviene activamente y en un momento formula una interesante pregunta:
-¿Ya los ha visto Nakazaki? –inquiere a Cobeña.
-Sí, ya lo revisó ministro, –responde el asesor, quien detalla el intercambio de algunos correos con César Nakasaki, el abogado del sentenciado Alberto Fujimori, de gran número de miembros de la mafia montesinista y de los principales acusados por narcotráfico y lavado de activos. Socio, además del congresista fujimorista Rolando Sousa.
En todo el proceso de elaboración de los decretos, Nakasaki fue consultado por Rey a través de Cobeña, quien fungió de mensajero.
(Varios abogados del estudio de Nakasaki fueron nombrados a dedo por el ministro Rey desde principios de año supuestamente para defender a militares acusados por violaciones de derechos humanos. Pero, el contrato incluía la facultad de “elaboración de propuestas de medidas legislativas”. Uno de estos abogados, como descubrió Ideéle Radio, es Adolfo Johan Pinedo, a quien el Estado le iba a pagar 20 mil soles).
La reunión se prolongó hasta muy tarde, poco después que Tapia se retirara en la noche.
Pero las cosas no salieron exactamente como Rey deseaba en la reunión del consejo de ministros del día siguiente. El tema principal de interés fue el debate del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. Así que Rey tuvo que resignarse a sustentar sólo dos normas con el apoyo de Cobeña.
Ese día por la tarde, miércoles 25, Rey tuvo otra interesante reunión, esta vez en el Pentagonito. Ahí estuvieron los congresistas fujimoristas Rolando Sousa y Cecilia Chacón; la también congresista Lourdes Alcorta; el vicepresidente Luis Giampietri y, otra vez, el abogado Sergio Tapia. Asistió también el ex jefe del Comando Conjunto, Jorge Montoya Manrique. Alcorta confirmó a IDL-Reporteros que se llevó a cabo la reunión y señaló que se explicó en Power Point el contenido de los decretos, entre otros temas.
Pero ni bien escucharon “las malas noticias” de la sesión del gabinete de boca de Rey, algunos asistentes demostraron su fastidio, entre ellos Sousa, quien ya había demostrado una diligente colaboración como presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento.
Como resultado de esa reunión, Rey logró presionar lo suficiente como para que Palacio convocara una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el domingo 29 por la mañana. En esa reunión se aprobaron finalmente cuatro de los cinco proyectos.
El decreto sobre beneficios penitenciarios que impulsó Sergio Tapia fue rechazado. Rey y sus asesores analizaron el nuevo escenario y decidieron extraer un párrafo del decreto rechazado para incorporarlo como primera disposición complementaria en el decreto 1097: el de la imprescriptibilidad.
El lunes 6 de setiembre al borde de la medianoche, el ministro de Justicia Víctor García Toma amenaza con la renuncia vía el programa Prensa Libre. Ese mismo día por la tarde César Nakasaki visitó el ministerio de Defensa con abogados de su estudio, entre ellos Gladys Vallejo Santa María. Los notorios abogados se reunieron con Luis Cobeña en su oficina, al lado del despacho de Rafael Rey. Delgado Guembes también participó en la reunión. Nakasaki revisó, corrigió y aprobó.
La vida había dado un giro completo. El principal abogado de los mafiosos más importantes de nuestra historia reciente ahora no solo defendía sino también legislaba. No está claro si al salir o al entrar se encontró con Sergio Tapia. No se quieren mucho, según ha podido saber IDL-Reporteros, pero ambos comparten un hecho para ellos feliz: a través de ellos (y de Rey), la mafia ya usufructúa del poder. Por la puerta trasera todavía, pero lo mismo hacía Montesinos antes de encontrar en Fujimori la llave de la puerta principal.
Publicado el Viernes 10 de Septiembre, 2010 a las 1:10
Fuente: http://idl-reporteros.pe/2010/09/10/quienes-estuvieron-detras-de-las-leyes-de-impunidad/
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